Un profesor británico y un investigador interno del parlamento han sido acusados de conspirar para llevar a cabo actividades de espionaje para China, transmitiendo información sensible a funcionarios de Pekín. Sin embargo, el caso fue repentinamente retirado, lo que provocó un gran revuelo en la opinión pública. El gobierno de Starmer, presionado, hizo públicas tres documentos judiciales. Esto permitió a los observadores vislumbrar cómo los funcionarios de seguridad británicos ven las actividades de recopilación de información de China en el extranjero, y también generó un profundo debate sobre cómo deberían responder.