El presidente de la FCC, Brandan Carr, está abusando una vez más de su posición para intentar afirmar el control del gobierno sobre el discurso público, invocando de manera espuria el estándar de "interés público" para atacar selectivamente el discurso que al gobierno no le gusta. El presidente Trump ha llamado recientemente a la FCC a revocar la licencia de transmisión de ABC porque no le gusta la forma en que la cadena —y en particular Jimmy Kimmel— habla de él. Justo ayer, Trump sugirió a un reportero que la declaración de la fiscal general Pam Bondi sobre procesar "discurso de odio" podría significar que "irá tras" ABC "porque me tratan tan injustamente. Es odio." Ahora, Carr está amenazando a ABC por los comentarios sobre el tirador de Charlie Kirk que Kimmel hizo durante su monólogo de apertura el lunes, insinuando que el tirador era parte de "la pandilla MAGA." La FCC no tiene autoridad para controlar lo que un presentador de televisión nocturno puede decir, y la Primera Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a especular sobre eventos actuales, incluso si esas especulaciones resultan ser incorrectas más tarde. Someter a los radiodifusores a responsabilidad regulatoria cuando alguien en su red comete un error convertiría a la FCC en un árbitro de la verdad y generaría un clima intolerable sobre las ondas.