El fiscal designado por Trump que se negó a acusar a uno de los enemigos de Trump ahora se ha visto obligado a dejar el cargo, y Estados Unidos se enfrenta a algo que nunca antes habíamos visto: un presidente que esencialmente ordena a su Departamento de Justicia que acuse a alguien de un delito, independientemente de si las personas cuyo trabajo es evaluar el caso piensan que no hay pruebas suficientes.